El gobierno de Antigua y Barbuda reiteró su apuesta por una industria de cannabis medicinal pensada para dejar beneficios en casa.
En una reunión con actores del sector convocada por la Medicinal Cannabis Authority (MCA), autoridades y reguladores hablaron de licencias más accesibles para pequeños productores, sin desatender los controles sanitarios ni la fiscalización sobre el comercio no regulado.
El mensaje político se apoya en la preocupación de que legalizar no debería abrir otra puerta al extractivismo, donde el capital externo captura la cadena de valor y las comunidades quedan como mano de obra barata. Por eso, el gobierno insiste en que la regulación debe priorizar a ciudadanos, emprendimientos locales y un mercado que se construya con reglas claras para evitar la concentración.
En la agenda aparecen fórmulas de “licenciamiento innovador” –microcultivo, iniciativas ligadas al bienestar y al turismo y esquemas cooperativos– que buscan bajar barreras de entrada. El antecedente más citado es la “Collaborative Grow Licence”, presentada en 2024 que, entre otras cosas, propone un descuento del 80% para empresas propiedad de cinco o más ciudadanos de Antigua y Barbuda, con vigencia de cinco años, diseñada para que el costo no sea un filtro social.
La dimensión cultural también fue puesta en el centro. Según se planteó en el encuentro, la práctica sacramental rastafari debe quedar protegida dentro del marco legal. En paralelo, el Ejecutivo ha mencionado revisar herramientas como la legislación de patentes para resguardar variedades y saberes de cultivo desarrollados en la isla.
Fuente: canamo.net
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