La Policía Bonaerense y las fuerzas de seguridad de Mar del Plata, Balcarce y otras ciudades de la zona deberán frenar desde este verano con las detenciones a consumidores de drogas ilegales en la calle o en las playas, siempre y cuando sea claro que se trata de una tenencia para uso privado.
La orden fue dada por un juez de esa ciudad bonaerense luego de la presentación de un hábeas corpus que hizo una organización cannábica local para poner fin a las “detenciones arbitrarias”, especialmente apuntadas contra los usuarios de marihuana.
La medida está sostenida en datos de la realidad. Una “persona y media” por día fue aprehendida en la provincia de Buenos Aires durante 2018 por violar en alguna de sus formas la ley de drogas.
Sancionada en 1989, la legislación nacional todavía condena a las personas que tienen en su poder, para consumo personal, marihuana, cocaína o cualquiera de las sustancias que se usan en Argentina -junto al alcohol, el tabaco o los psicofármacos, todas legales- para alterar los sentidos o la conciencia.
La ley de drogas, en definitiva, persigue más a quienes tienen para usar en el ámbito privado que a quienes hacen de eso un negocio clandestino.
De las 1.418 “investigaciones” iniciadas en 2018 en la Provincia, 569 fueron por tenencia para consumo personal: casi la mitad, según se consigna en la Memoria sobre Desfederalización en Materia de Estupefacientes del Ministerio Público bonaerense.
La Agrupación Marplatense de Cannabicultores (AMC) lleva años de activismo público y social para regular el uso del cannabis.
En diciembre de 2019 presentó a la Justicia este hábeas corpus colectivo con datos oficiales impactantes: mientras que en 2017 las detenciones por tenencia para consumo representaban en Mar del Plata apenas el 0,67% de las causas abiertas vinculadas a la violación a la Ley de Estupefacientes.
Por eso, la AMC pidió a la Justicia retomar un protocolo de actuación elaborado por la Fiscalía local en 2015 para que la Policía realice procedimientos de manera “respetuosa a los derechos fundamentales” y solicitaron que se fije una “cantidad máxima no judicializable” y, principalmente, que no se aprehenda al consumidor.
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