Aunque el gobierno de la Ciudad de México instaló desde agosto de 2025 tres puntos de tolerancia para el consumo de cannabis en espacios públicos, esta política convive con un vacío legal que mantiene a los usuarios en riesgo de criminalización, detenciones arbitrarias, extorsiones y exposición a redes de distribución informales e incluso del crimen organizado.
Para el abogado Arturo Ochoa, que desde hace más de seis años encabeza el despacho Abogados Cannábicos de México, el problema es estructural. Afirmó que no existe ninguna ley ni norma, ya sea federal o local, que autorice el consumo en la vía pública, por lo que los espacios habilitados por la administración capitalina operan como “una especie de tregua entre los colectivos cannábicos y las autoridades”, sostenida exclusivamente por decisión política.
Fuente: Proceso
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