Pacientes con enfermedades crónicas y degenerativas denunciaron que, a cinco años de aprobada la Ley 242 que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis en Panamá, aún no pueden acceder legalmente a estos tratamientos debido a fallas administrativas en su implementación.
La alerta fue emitida por la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas (FENAECCD), que expresó su profunda preocupación por el incumplimiento en la aplicación efectiva de la norma, aprobada en 2021 para permitir el uso de cannabis medicinal en el país.
Según el gremio, el principal obstáculo es la inexistencia del Registro Nacional de Pacientes, requisito indispensable para que los médicos puedan prescribir medicamentos con THC y para que las farmacias puedan dispensarlos legalmente.
De acuerdo con el comunicado, la falta de este registro responde, en gran medida, a problemas de coordinación entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), institución encargada de desarrollar las plataformas tecnológicas del Estado. Esta situación administrativa ha terminado bloqueando en la práctica el acceso a un tratamiento que ya fue autorizado por ley.
La organización también denunció la existencia de requisitos administrativos desproporcionados para registrar a los pacientes, condiciones que según señalaron no se exigen para otros medicamentos igualmente controlados, como los derivados del opio.
A juicio de la federación, esta diferencia se ha convertido en una barrera innecesaria que afecta directamente a pacientes con enfermedades graves como dolor crónico, epilepsia refractaria, esclerosis múltiple, cáncer y otras condiciones que podrían beneficiarse del cannabis medicinal.
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