En 2013, Uruguay se convirtió en el primer país del mundo en legalizar y regular la producción, distribución y venta de cannabis con el objetivo de combatir el narcotráfico y mejorar la seguridad pública.
Sin embargo, una década después, diversos estudios han revelado que las restricciones impuestas han dado lugar a un mercado gris, excluyendo a ciertos sectores de la población y generando nuevos desafíos regulatorios.
La decisión de legalizar el cannabis en Uruguay surgió en un contexto de creciente preocupación por la seguridad pública.
En 2012, un brutal asesinato en una pizzería de Montevideo conmocionó al país y llevó al entonces presidente José Mujica a anunciar una serie de medidas para combatir la violencia.
Entre ellas, destacó la regulación del mercado del cannabis, con el argumento de que el control estatal podría reducir el crimen organizado asociado al tráfico de drogas.
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