Este sábado 15 de noviembre miles de personas volverán a marchar en todo el país en el marco de la Marcha Nacional de la Marihuana.
La jornada reunirá a pacientes, cultivadores, familias y organizaciones para denunciar una realidad que se agrava día a día: personas detenidas por plantar, allanamientos violentos, pérdida de acceso a la medicación y hasta madres separadas de sus hijos por denuncias o intervenciones de asistencia social. Hechos que exponen la persecución y el hostigamiento que sufre el sector cannábico frente a un Estado que actúa en defensa de los narcos y de los grandes intereses empresariales.
Frente a esto, la movilización del 15N será una exigencia colectiva por una regulación integral del cannabis —medicinal y adulto— y por el fin de la criminalización de quienes sostienen el acceso popular, solidario y comunitario.
El gobierno de Patricia Bullrich y Javier Milei avanza con una política de represión y control, que golpea de lleno al movimiento cannábico y a las experiencias de organización solidaria. Mientras se persigue a cultivadores, pacientes y ONG, se habilita el negocio para laboratorios y empresas que ven en el cannabis una nueva fuente de ganancias.
Las drogas son una justificación para la criminalización de los pobres, los trabajadores y los jóvenes, no una preocupación real del Estado. El mismo gobierno que militariza los barrios y persigue plantas en los patios, mantiene intactas las redes del narcotráfico y las alianzas con empresarios ligados a negocios ilegales.
El Reprocann, que fue una conquista del movimiento cannábico, se encuentra hoy paralizado. Miles de pacientes esperan una respuesta del Estado mientras crece la represión. Las nuevas regulaciones del Inase sobre semillas y material genético, junto con los requisitos de licencia de la ARICCAME, imponen un entramado burocrático y costoso que no todos pueden afrontar. No basta con cultivar ni producir; hay que registrar cada variedad, pagar aranceles, contratar asesorías técnicas y cumplir con exigencias administrativas que sólo los grandes capitales pueden sostener. En los hechos, este sistema filtra y excluye a cultivadores independientes, cooperativas y proyectos comunitarios, mientras abre el camino a corporaciones capitalistas con gran capacidad de inversión.
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