La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha colaborado con otras instituciones derivado del mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenando diferentes autorizaciones relacionadas a los distintos usos del cannabis.

En cumplimiento a una sentencia de juicio de amparo, la Cofepris fue obligada por el Segundo Juzgado de Distrito a emitir una autorización para el cultivo, procesamiento, producción y comercialización de cannabis industrial, así como la importación de la semilla y el procesamiento del material vegetal y producción de aceite de cannabidiol.

La autoridad sanitaria destaca que cumplió sus obligaciones como institución pública, acatando las disposiciones judiciales ante amenazas de multas y destituciones de servidores públicos, pero que no cuenta con suficiente información para determinar que este producto es seguro para los fines que la empresa multinacional pretende utilizarlo.

Se menciona lo anterior, debido a que las autorizaciones determinadas por una sentencia judicial no siempre están alineadas con el marco legal en comento.

Aun así, nuestra obligación como institución pública al servicio de la población es acatar las disposiciones judiciales.

Riesgo a la salud

En virtud del grave riesgo a la salud que una autorización de este tipo representa, y en coordinación con la Secretaría de Gobernación, han sido presentados recursos de queja y de inconformidad en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, con las cuales se busca revertir e invalidar la autorización a fin de proteger la salud de las personas.

La regulación de los productos que contienen cannabis y sus derivados está sujeta a una intensa ruta de trabajo para establecer el marco regulatorio necesario para determinar estándares de calidad y seguridad en todo el proceso de cadena de suministro, fabricación, almacenaje, entre otros procesos.

Esta labor ha requerido la integración de diversas instituciones que participan en el análisis y elaboración de los distintos elementos normativos indispensables para el adecuado abordaje regulatorio, desde su evaluación documental, análisis científico y vigilancia sanitaria.