El cannabis acompañó a la humanidad desde sus primeras civilizaciones: fue fibra textil, medicina, ceremonias religiosas y herramienta recreativa.
Su criminalización, en cambio, es un fenómeno reciente, ligado a intereses económicos, disciplinamiento social y geopolítico.
Los registros más antiguos del cannabis, que se remontan a miles de años antes de nuestra era, lo sitúan en la antigua China y Oriente [1]. Su versatilidad marcó su expansión: con el cáñamo se fabricaban telas, cuerdas y papel; sus resinas y flores se utilizaban en rituales y como medicina para aliviar dolores. Durante siglos, la planta convivió sin mayores conflictos con autoridades políticas o religiosas. Su cultivo se expandió por Asia, Medio Oriente y llegó a Europa, integrándose a la economía y la farmacopea popular.
El uso recreativo o psicoactivo de la planta, asociado a poblaciones indígenas, afrodescendientes, originarias y esclavizadas, ya existía en América Latina cuando llegó la colonización. Los españoles trajeron el cáñamo para sostener su imperio marítimo: velas y cuerdas para sus barcos, y los virreinatos españoles lo cultivaron por sus fibras. Pero esta práctica pronto encendió la alarma de las élites [2]. Nada de esto fue considerado un “problema social” hasta entrado el siglo XX, pero ellas ya veían en estas prácticas una amenaza a su control moral y social.
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