Dos adolescentes, vestidos con prendas deportivas y gorras de colores, llegaron a una pizzería muy popular de Montevideo y pidieron una Coca Cola. Detrás del mostrador había tres empleados. Cuando les dieron el refresco, uno de los jóvenes sacó el arma y disparó. Uno de los trabajadores quedó tendido. Los otros, rendidos y aterrorizados. Sobre el suelo, una gran mancha roja.

Los delincuentes se llevaron la recaudación de la caja de La Pasiva, ubicada en la intersección de la avenida 8 de Octubre y Garibaldi, muy cerca de la Universidad Católica del Uruguay, el Gran Parque Central y el Parque Batlle de Montevideo.

La rapiña quedó filmada y los noticieros mostraron cientos de veces cómo ocurrió la muerte de Gastón Hernández, un hombre de 34 años, padre de cinco hijos. El crimen causó una fuerte indignación en la opinión pública, como recordó el libro Marihuana oficial. Crónica de un experimento uruguayo, de los periodistas Cristina Müller y Guillermo Draper, publicado en 2017.

Pero, ¿cuál es el vínculo entre ese crimen del 11 de mayo de 2012 con la marihuana?

La presión social crecía. Los políticos de la oposición intensificaron sus reclamos contra el ministro del Interior de entonces, Eduardo Bonomi. El presidente de la República, José Mujica, sabía que tenía que tomar medidas. Y, entonces, actuó en reserva.

Más de un mes después del crimen, el 19 de junio, el presidente Mujica habló en cadena nacional y reconoció que la sociedad enfrentaba una crisis de convivencia. “Si la vida es el valor primero, nada más importante que la paz, nada más importante que la tranquilidad. Ni la droga ni la cárcel pueden ser una opción. Son una desgracia. No podemos seguir fracturando y perdiendo vidas”, reflexionó. No hizo referencia a la marihuana, pero faltaba poco para que el anuncio se conociera.

La Policía uruguaya –reconstruyen los autores del libro– informaba que el narcotráfico tenía una incidencia cada vez mayor en el delito. Los narcos recurrían a sicarios para resolver sus problemas. Las autoridades se enfrentaban a un negocio con retornos económicos “acordes con su altísima variable de riesgo y cuyo combate engordaba la burocracia de los aparatos represivos”, señala la publicación.

Eleuterio Fernández Huidobro era el ministro de Defensa de Mujica. Era alguien cercano a él, de los años de la guerrilla. Fernández Huidobro creía que al narcotráfico no había que combatirlo por la vía represiva sino por la económica: quitándole mercado. Con la prohibición, el tráfico ilegal seguiría creciendo, tal como había ocurrido con la ley seca en Estados Unidos.