Un tribunal federal de apelaciones en EE UU revocó el rechazo de una demanda presentada por pacientes de cannabis medicinal en Florida contra la prohibición federal que impide a “usuarios ilegales” poseer o comprar armas de fuego.
El panel sostuvo que, en esta etapa inicial, el Gobierno no acreditó que desarmar a estas personas sea coherente con la historia y tradición regulatoria del país, por lo que el caso vuelve al tribunal de primera instancia.
Florida legalizó el uso terapéutico del cannabis en 2016 mediante enmienda constitucional. Sin embargo, la ley federal sigue clasificando el cannabis como sustancia controlada y prohíbe poseer o vender armas a “usuarios ilegales” de drogas.
Esa tensión se expresa también en la obligación a quienes intentan comprar un arma a declarar si usan marihuana, con la advertencia de que su uso sigue siendo ilegal a nivel federal independiente del amparo estatal.
En 2022, dos pacientes (Vera Cooper y Nicole Hansell) y un propietario de arma que quería ingresar al programa médico (Neill Franklin) demandaron para impedir que esa regla se les aplicara.
La corte de apelaciones anuló la desestimación del caso y determinó que las alegaciones, vistas a favor de las personas demandantes, no permiten equipararlas con delincuentes o con individuos peligrosos. A la luz de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en Bruen, el tribunal federal de apelaciones concluyó que el Estado no cumplió, por ahora, con la carga de demostrar que desarmar a pacientes de cannabis medicinal se ajusta a la tradición regulatoria estadounidense.
La decisión no legaliza de manera automática la compra o porte de armas por parte de todas las personas usuarias de cannabis medicinal en Florida, pero si se trata de una victoria procesal relevante, ya que el caso regresa al tribunal de distrito para continuar con el litigio. Mientras no exista una orden definitiva, siguen vigentes los riesgos de sanción federal por declaraciones falsas en el Formulario 4473 o por posesión en supuestos que la ley considera “uso ilegal”. Aun así, el pronunciamiento estrecha el margen del Gobierno y refuerza una tendencia judicial que cuestiona las prohibiciones categóricas basadas solo en el consumo de cannabis.
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