El ministro de Salud de Malasia, Dzulkefly Ahmad, confirmó que el país prepara una prohibición progresiva de los cigarrillos electrónicos.
El anuncio se justifica por la protección de menores y el auge de un mercado poco regulado. Sin embargo, la decisión final depende aún del Gabinete y de cómo se articulen las regulaciones vigentes.
La hoja de ruta del Gobierno quedó expresada el 25 de septiembre, cuando Dzulkefly señaló que la cartera sanitaria apunta a un veto en etapas sobre la venta —y eventualmente el uso— de vapeadores. El enfoque será gradual y comenzaría por los dispositivos de sistema abierto, avanzando luego hacia el resto del mercado. El propio ministro matizó que no puede “adelantar la decisión del Gabinete”, lo que sitúa el plan en un terreno político todavía en discusión.
Control
En 2024, Malasia aprobó el Control of Smoking Products for Public Health Act (Act 852), que sustituyó marcos previos sobre productos de tabaco y sus imitaciones.
Desde entonces el país ha desplegado reglamentos y medidas administrativas con grados desiguales de cumplimiento. Mientras tanto, varias autoridades sanitarias han alertado sobre la venta de líquidos con alta concentración de nicotina y estrategias de mercadeo dirigidas a población joven, una de las razones que empujan la agenda restrictiva.
La propuesta de un veto total ha encendido alertas y voces especializadas advierten que una prohibición amplia trasladaría la demanda a un circuito ilícito ya existente, con mayor riesgo sanitario por ausencia de controles y trazabilidad.
En paralelo, la industria local de los vapeadores —que moviliza miles de empleos y una facturación significativa según sus gremios— plantea que un cierre abrupto impactaría cadenas de distribución y recaudación fiscal. A nivel subnacional, algunos estados han impuesto restricciones fuertes o vetos al comercio, anticipando cómo podría operar un escenario nacional más duro.
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