Asociaciones agrícolas italianas exigen claridad ante veto del cáñamo.
Confagricoltura, una de las principales asociaciones agrícolas de Italia, presentó una solicitud ante el Ministerio del Interior para aclarar el alcance del artículo 18 del llamado Decreto Seguridad.
La medida, prohíbe las actividades vinculadas a las inflorescencias de cáñamo y equipara a narcóticos varios cannabinoides no psicoactivos.
En un comunicado reciente, la entidad presidida por Nicolò Panciera di Zoppola Gambara advirtió que la falta de criterios claros amenaza con paralizar a una cadena de valor que incluye agricultura, transformación y usos industriales que van desde alimentos y cosméticos hasta bioingeniería y construcción verde.
Según Confagricoltura, la producción de cáñamo en Italia emplea a decenas de miles de personas y aporta ingresos fiscales relevantes. La petición solicita al Gobierno un pronunciamiento interpretativo que confirme la plena legalidad de las actividades de cáñamo industrial y estandarice los controles administrativos para dar certidumbre a operadores y fuerzas del orden.
El punto de conflicto es el artículo 18 del Decreto Seguridad, que modifica la Ley 242/2016 (promoción del cáñamo industrial) y, de hecho, prohíbe la importación, cesión, transformación, distribución, comercio, envío y entrega de inflorescencias de cáñamo, incluso semielaboradas o secas, con independencia del contenido de THC.
En paralelo, la norma sitúa a cannabinoides como CBD, CBG o CBN en el régimen de estupefacientes, difuminando la distinción legal entre cáñamo no psicoactivo y cannabis de uso recreativo. Diversas asociaciones y autoridades regionales han calificado la medida de ideológica y contraria a la evidencia científica y al mercado único europeo.
