Los electores de Oregón decidirán este martes si quieren que su estado sea el primero de todo EE.UU. que despenaliza el consumo de drogas duras.
Es la más llamativa pero no la única de las 124 consultas y referéndums que se celebran en 32 estados sobre los temas más dispares -desde la modificación de la bandera “racista” de Mississippi a la reintroducción del lobo en Colorado–, entre los que flota la creciente aceptación de la marihuana por parte de la sociedad norteamericana y el señuelo de obtener unos ingresos fiscales extras en tiempos de Covid-19.
Los referéndums convocados en paralelo a la elección presidencial y del Capitolio tienen esta vez una tendencia dominante. “En el 2016 la creencia era que una administración conservadora sería menos receptiva.
Ahora, la legalización (del canabis) es inevitable”, indica Sturges Karban, director de logística de drogas “blandas” de la compañía ManifestSeven, a la agencia Bloomberg. Es arte y parte pero el elevado número de referéndums al respecto, la división entre dirigentes republicanos sobre la legalización y los sondeos sugieren que EE.UU. se dirige hacia la legalización mayoritaria de la marihuana, con o sin fines terapéuticos.
Oregón es un ejemplo “extremo”, Nueva Jersey o Arizona todo lo contrario. Dos tercios de los habitantes de Nueva Jersey se declaran favorables a la legalización de la marihuana (legal con fines terapéuticos desde el 2016), lo que la sumaría a los once estados donde el cannabis es legal pero con el plus de ser el más poblado de la Costa Este. Las autoridades del estado calculan que reportaría 126 millones de dólares en el 2021 solo en concepto de IVA.
“El mayor impacto en la sociedad será oportunidades de empleo para la gente en vez de gente arrestada. Tendríamos una industria nueva de la misma forma que tenemos tiendas de licores o industria cervecera”, ha resumido el senador demócrata del estado Nicholas Scutari.
La novedad es que los estados republicanos son cada vez menos hostiles a la legalización, como sugiere Arizona, feudo conservador (desde 1952 sólo un candidato demócrata, Bill Clinton en 1996, ha ganado la elección presidencial).
Las encuestas otorgan una clara ventaja al sí a la propuesta, a diferencia del 2016 cuando fue derrotado por el 51,3% de los votos.
La cada vez más poderosa industria del cannabis está convencida de que si Arizona se suma a la lista, muchos estados conservadores seguirán cual fichas de dominó. “Los estados ‘rojos’ (republicanos) son la evidencia empírica de que hay suficiente demanda y apoyo a nivel de la calle y que el asunto es ajeno a los partidos. ¿Cómo vas a ignorar eso Washington?”, indica el ya citado Sturges Karban.
Desde 1996 hasta hoy, 33 estados y el Distrito de Columbia han aprobado el consumo de la marihuana con fines médicos, una vía que ha actuado a modo de caballo de Troya. Ya en 2018, un estudio de Deloitte pronosticaba que “el consumo de cannabis se convertirá en una actividad normal mucho más rápido de lo que había previsto la mayoría. Hay un fuerte deseo de demostrar al mundo que una industria bien regulada y profesionalizada puede representar una contribución positiva a la economía nacional”.
Las compañías que comercian con el cannabis y sus derivados, para fines terapéuticos o recreativos, han experimentado fuertes subidas bursátiles en el tramo final de la campaña, “dopados” por la declaración de la vicepresidenciable demócrata Kamala Harris en su debate con Mike Pence: si ganamos, despenalizaremos el consumo a escala federal.
Oregón es un paso más allá. El estado del Pacífico, feudo demócrata, puede ser el primero de la Unión que despenaliza la tenencia de heroína, cocaína o LSD, para consumo personal. En lugar de la vía judicial vigente, la iniciativa que se vota mañana se limita a multas de hasta 100 dólares o la asistencia a cursos de desintoxicación.
“Detener a personas con adicciones es un castigo cruel porque les condena a unos antecedentes penales que les arruinan sus vidas”, estima Jimmy Jones, director de una oenegé que ayuda a los sintecho. Por contra, una asociación de fiscales del estado ha alertado contra la medida: “Despenalizar la posesión de los más nocivos tipos de drogas sólo hará que aumentar su aceptación”.
El argumento al alza de quienes defienden hoy el sí a la marihuana en los referéndums estatales es que la normalización empresarial del producto supondría una inyección notable en las arcas, que podría ser dirigida en su mayor parte a paliar la factura de la Covid-19 en los sistemas sanitario y educativo (la misma “beneficiencia” que adoptaría el estado de Maryland si las urnas aprueban mañana la legalización de las apuestas deportivas).
“Quizás no necesitábamos el dinero antes, pero ahora, pensando en el escenario post-pandemia y las medidas de austeridad, ciertamente lo necesitamos”, opina Michael McQueeny, un abogado que trabaja para una firma del sector del cannabis en Nueva Jersey.
