Aunque la mayoría no conoce o no se ve afectada por plantaciones ilegales de cannabis, el fenómeno crece y su estructura y virulencia no dejan de aumentar.
No se trata de un vecino con unas plantas en el balcón, sino de grandes plantaciones en zonas forestales gestionadas por grandes grupos criminales, en su mayoría extranjeras.
A medida que el negocio se vuelve más rentable, llegan grupos organizados con más recursos, convirtiéndose en un problema mayor.
Como ya explicaba en 2021 la infografía de El Periódico La Plaga de la Marihuana, el problema crece por varios factores: la demanda aumenta, el régimen legal en España es más flexible que en otros países, el mercado nacional es un gran consumidor, y Catalunya tiene fácil acceso para la distribución en Europa y cuenta con zonas boscosas y colaboradores locales.
Sin embargo, esto no explica completamente la magnitud del problema. Como detalla el Pla de Seguretat, aparte del obvio problema de salud pública una plantación ilegal de cannabis no solo trae la presencia de armas y disputas entre grupos, sino otros riesgos.
El alto consumo energético provoca incendios o fallos eléctricos que afectan a vecinos y añaden peligrosidad a la intervención de bomberos o técnicos en entornos armados. En algunas plantaciones, la presencia de los distribuidores genera riesgos para la población cercana. Además, el cultivo intensivo de cannabis, especie no autóctona, impacta en la fauna y flora catalanas.
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