Los directivos del Consejo Cannábico Nacional, CCN, lamentaron que las autoridades sanitarias prohíban, dentro del mundo cannábico, los tratamientos a base de CBD, plantas o flores.
Además sostuvieron que el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, es omiso sobre el auto cultivo con fines medicinales, violenta los derechos de enfermos al coartar su libertad de elección y alarga su sufrimientos de manera innecesaria.
Por lo anterior, consideraron que la medicina cannábica tiene que ser incluida en la medicina social, sobre todo para los ciudadanos de bajos recursos.
Por ello, exhortaron a la Secretaría de Salud así como a los legisladores a hacer las adecuaciones necesarias para perfeccionar dicho reglamento toda vez que el cannabis es un potencial terapéutico que facilitaría la vida a pacientes con mucho sufrimiento.
Silvia Guillén, presidenta del Consejo Cannábico Nacional y Alfredo Neme Martínez, representante Internacional del CCN, señalaron que es lamentable el gasto que una familia debe hacer en el tratamiento con medicina de patente, de 40 hasta 80 dólares por dosis, cuando más de 12 millones de mexicanos con padecimientos severos podrían beneficiarse más los enfermos de diabetes, sobrepeso, mal nutrición y enfermedades menos graves, alcanzando hasta al 80% de la población.
Lo anterior sin considerar que el valor potencial del cannabis medicinal en México es cerca de mil 200 millones de pesos anuales y que de acuerdo a diferentes encuestas, entre el 60 y 80% de la población está a favor de la legalización del cannabis medicinal.
Por tanto, dieron a conocer que tras analizar el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción, Investigación y Uso Medicinal de la Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, “el camino legal que se nos ha recomendado es el del amparo constitucional contra el Reglamento para salvaguardar nuestros derechos individuales de libre elección así como los derechos a la salud individual y social de las personas».
Mencionaron que al parecer la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única autoridad que tiene la visión integral que las políticas públicas en esta materia se requieren.
Los directivos del CCN exhortaron a las Secretaría de Salud enmiende las omisiones y contradicciones en que el Reglamento incurrió ya que de lo contrario pone en riesgo la investidura presidencial, al provocar desacato por parte del Ejecutivo Federal, al ser omiso ante las determinaciones de la SCJN y contradecir a la propia Constitución Política Mexicana.